Fuente: iberianfury11
Publicado el 17 de Junio 2020.
Fuente: DW Español
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El sistema de crédito social en China: una distopía hecha realidad
El sistema de crédito social en China se trata de un baremo para calificar el comportamiento de los ciudadanos y la confianza que merecen, calculados mediante un opaco algoritmo. Este sistema incluye una lista negra para las personas con bajo puntaje.
Si George Orwell levantara cabeza, vería que sus augurios distópicos se confirman a lo largo y ancho de este siglo XXI, donde la privacidad de los usuarios se diluye a favor del control de los gobiernos y los intereses de grandes multinacionales. Una suerte de Gran Hermano que bien podría protagonizar la trama de un episodio de Black Mirror es el caso del sistema de crédito social en China, una herramienta para puntuar a cada ciudadano y que, a modo de carné de civismo, restringirá las posibilidades de viajar o provocará penalizaciones.
Este sistema de crédito social público y obligatorio fue aprobado por el Gobierno del país asiático en 2014, aunque lo va a introducir de forma paulatina. Según un comunicado de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el baremo provocará, entre otras consecuencias, que un ciudadano con puntuación baja no pueda viajar en tren o en avión durante por lo menos un año. En su evaluación entran en juego delitos sociales o financieros: desde fumar en sitios prohibidos a no pagar el seguro, difundir datos falsos o fraudulentos o generar problemas en el transporte público.
Credit Suisse: China ganará la batalla por la inteligencia artificial… por la falta de privacidad
El mecanismo de clasificación ciudadana y su correspondiente lista negra es un esquema piloto del Sistema de Crédito Social de China. Con la misión de “elevar la conciencia de la integridad y el nivel de confiabilidad de la sociedad china”, el gobierno chino planea lanzar el sistema a nivel nacional para 2020 para evaluar la confiabilidad de sus 1.400 millones de ciudadanos. Las autoridades llevan estudiando su construcción desde 2007, con el fin de restablecer el orden del mercado mediante el aprovechamiento de la solvencia financiera de las empresas y las personas, aunque el alcance ha alcanzado otros aspectos de la vida cotidiana.
De hecho, la palabra “crédito” en chino – xinyong (信用) – se trata de un principio básico de la ética tradicional confuciana, que se remonta a finales del siglo IV aC. En su contexto original, xinyong es un concepto moral que indica la honestidad y confiabilidad de una persona, pero en las últimas décadas, su acepciones también se han ampliado para incluir la solvencia financiera. Así, un ciudadano puede dañar su historial de crédito personal si no se presenta a un restaurante y no cancela la reserva, hace trampas en un juego online, cruza en rojo o deja reseñas falsas de productos. Los chivatos “ganan puntos” si denuncian comportamientos negativos de otras personas.
El Big Data es uno de los principales aliados de este sistema estandarizado de recompensa y castigo que presagia de forma siniestra la era global del algoritmo, ya que, entre otras muchas cosas, se emplea el reconocimiento facial para identificar a los peatones que cruzan la calle. Las ciudades piloto que ya han usado este sistema parten de un baremo de 100 puntos para ciudadano, que puede ampliarse con bonificaciones de 200 para aquellos que realicen buenas acciones como participar en trabajos de caridad o separar y reciclar basura. En la ciudad de Suzhou, por ejemplo, uno puede ganar seis puntos por donar sangre.
De esta manera, China recompensa a los buenos ciudadanos: en algunas regiones los ciudadanos con puntuaciones altas de crédito social pueden disfrutar de instalaciones de gimnasio gratuitas, transporte público más económico y tiempos de espera más cortos en los hospitales. Sin embargo, los que engrosan la lista negra afrontan restricciones en torno sus viajes y el acceso que tienen a los servicios públicos. Uno de los puntos más polémicos -y terroríficos- es el uso de pantallas de TV y LED en espacios públicos para exponer a los ciudadanos, apoyándose en la tecnología para elevar la deshonra a la categoría de pública.
Cabe destacar que la mayoría de los esquemas piloto se dirigen a las empresas de forma tan estricta como a las personas. Así, aquellas compañías con un historial de daños ambientales o problemas de seguridad del producto también están expuestas en listas negras online. Los funcionarios tampoco se libran: a diciembre de 2017, más de 1.100 funcionarios gubernamentales habían sido incluidos en la lista negra como poco confiables.
Las empresas se suman al control y la vigilancia
En la aplicación móvil de Alipay, la principal plataforma de pagos electrónicos en China y en el mundo, existe una pestaña llamada ‘Zhima Credit’, que al pulsar sobre ella revela un número de tres cifras, comprendido entre el 350 y el 950. Se trata del sistema de puntuación social ideado por la rama financiera de Alibaba, el principal conglomerado de comercio electrónico del planeta. Con este sistema se premia el comportamiento ejemplar: los mejores usuarios pueden acceder a salas VIP en diferentes aeropuertos, utilizar servicios de alquiler sin tener que abonar un depósito o pedir préstamos a un interés más favorable.
En el ámbito más punitivo, Mobike, una de las principales empresas de alquiler de bicicletas de China empleará la puntuación del sistema de crédito social del país para penalizar a los usuarios que la tengan más baja. Los que aprueben por los pelos deberán pagar por el servicio el doble de lo que abonan quienes tengan un sobresaliente. Y aquí viene lo más fuerte: los suspensos, calificados con un deficiente, tendrán que abonar un precio hasta 100 veces por encima de lo normal, equivalente a unos 12 euros por cada media hora. Les guste o no a los ciudadanos chinos, su privacidad se esfuma y la distopía ya está aquí.
Imagen | Gobierno de Taishan/WeChat
Fuente | The Conversation
SIETE HERMANAS Tráiler Doblado Español (2018)
Donde esta lunes? Parte 10
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Así es el certificado que el trabajador debe llevar encima si tiene que desplazarse a su puesto
El BOE publica el modelo de declaración responsable
Madrid
El BOE ha publicado el modelo de certificado que deberán portar los trabajadores para justificar que deben seguir acudiendo a su puesto de trabajo a pesar de las medidas de paralización decretadas por el Gobierno para todas las actividades consideradas no esenciales entre los días 30 de marzo y 9 de abril. Descargue el modelo oficial aquí.
El modelo de declaración responsable reconoce que ese trabajador continúa trabajando por pertenecer a sectores de actividades consideradas esenciales y, por tanto, puede continuar realizando desplazamientos a su lugar de trabajo o de desarrollo de su actividad de representación sindical o empresarial.
La norma, en todo caso, no dice en sentido estricto que sea obligatorio llevar ese certificado. Lo que señala es que los trabajadores tienen derecho a que se les facilite. La idea es que llevarlo agiliza la justificación en caso de control policial.
El certificado está dirigido a "las personas trabajadoras por cuenta ajena" que no deban acogerse al permiso retribuido recuperable. El pasado fin de semena, el el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, que establece un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. Los autónomos quedan fuera de ese permiso retribuido recuperable, ya que únicamente se aplica a las personas trabajadoras por cuenta ajena, dado que para los auónomos no podría hacerse efectiva ni la contraprestación económica ni la recuperación de horas.
El modelo recoge los datos de la empresa (domicilio, teléfono, dirección...), así como los datos de la persona representante. También indica los datos del trabajador y la declaración de que "reúne las condiciones para no acogerse al permiso retribuido recuperable establecido en el Real Decreto-ley 10/2020".
Por último, el certificado debe indicar que se expide "para que conste a los efectos de facilitar los trayectos necesarios entre su lugar de residencia y su lugar de trabajo".
La Policía y la Guardia Civil tiene mandato de imponer denuncias a ciudadanos que no cumplen las restricciones decretadas por la alerta sanitaria ante el coronavirus. Para aplicar las sanciones se recurre a la Ley de Seguridad Ciudadana, de 2015, la Ley de Salud Pública de 2011, la Ley de Protección Civil de 2015 y el Código Penal. Conforme a esas normas, y en funcion de la gravedad del delito, quienes incumplan las medidas establecidas podrán enfrentarse, por ejemplo, a multas de entre 100 y 600 euros por retirar una valla o precinto, de hasta 30.000 euros por negarse a identificarse ante un agente o de hasta 600.000 euros por conductas que pongan en grave riesgo la salud de la población.
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